QUITO.— La Confederación de Nacionalidades Indígenas rechazó tachó de «absurdas» las acusaciones del presidente Guillermo Lasso, de que la reciente protesta de 18 días contra la carestía de la vida, tuvo, presuntamente, financiación proveniente del narcotráfico.

La Conaie rechaza «las recientes declaraciones y vinculaciones del presidente Guillermo Lasso sobre el supuesto financiamiento de ’15 millones (de dólares) del narcotráfico’ al paro nacional, esto atenta y estigmatiza a la legítima protesta social», señaló en un comunicado.

Esa acusación «denota la limitada visión del presidente para entender la realidad y las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad tan arraigado a la lucha social», señaló al tildar de «absurdas las acusaciones» emitidas a un medio internacional.

La Conaie mencionó «actitudes maliciosas» de Lasso que «ponen en duda el acta firmada, pues demuestra abiertamente el ‘quemeimportismo’ del Ejecutivo y acentúa la política de confrontación».

Advirtió que la narrativa oficial del «narcotráfico y terrorismo» busca «criminalizar la protesta (y) pone en riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio» para los próximos noventa días.

De acuerdo a la Conaie, las movilizaciones se sostuvieron por aportes comunitarios, colectivos y por solidaridad de distintos sectores.

El pasado 7 de julio quedó definida la hoja de ruta para el diálogo ampliado entre el gobierno y del movimiento indígena, para atender las demandas que motivaron la ola de protestas, que dejaron seis muertos y unos 500 heridos entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden.

En el encuentro del pasado jueves, que tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se definieron las diez mesas temáticas que abordarán el pliego de peticiones planteado por los indígenas desde el inicio de las protestas, que se extendieron por 18 días.

Asimismo, se definió la mesa de coordinación, que se encargará de monitorear los avances en el diálogo específico, que se prevé que comience el 13 de julio, cuando se empezarán a contar los 90 días para encontrar soluciones establecidas en el acuerdo que puso fin a las movilizaciones.