WASHINGTON.—La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes una resolución condenando las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y al mismo tiempo instando a mayores esfuerzos para alcanzar un diálogo en el país.

El documento, aprobado por unanimidad en la Asamblea General, instruye a la organización a considerar «todas las acciones adicionales» que puedan conducir a un ejercicio efectivo de la democracia en Nicaragua.

Asimismo, insta al Grupo de Trabajo de la OEA sobre el país centroamericano a asegurarse de que la agenda para «cualquier diálogo» con el gobierno de Ortega sea lo más amplia posible, en consonancia con la democracia, el derecho internacional y el principio de no intervención.

En la misma línea, la OEA solicita a sus 35 estados miembros que realicen sus mayores esfuerzos para mantener un diálogo de alto nivel con Managua, y demanda la liberación de todos los presos políticos, el cese de las violaciones a los derechos humanos y el acceso de organismos internacionales a territorio nicaragüense.

Esta versión final de la resolución se logró tras varias reuniones de negociación entre los países miembros que propusieron el documento, luego de conocerse que Brasil intentó suavizar el lenguaje de la propuesta original, que criticaba duramente al régimen de Ortega.

El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien renunció a su cargo en 2022 en protesta por las acciones del gobierno de Ortega, celebró la resolución final como una «victoria». Según el diplomático, «la verdad triunfó» porque Brasil no logró «crear una falsa narrativa sobre la situación en el país».

Nicaragua decidió retirarse de la OEA en 2021, después de que el organismo cuestionara la legitimidad de las elecciones presidenciales que otorgaron la reelección a Ortega. La salida se hará efectiva en noviembre de 2023, dos años después del anuncio de su decisión.

Desde 2018, Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que se ha intensificado tras las elecciones del pasado noviembre y el aumento de la represión contra la disidencia interna y los exiliados políticos.