LA PAZ.— Diego García-Sayán, relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, manifestó su preocupación por las relevaciones hechas por el expresidente Evo Morales, quien mencionó “una reunión política” en la que se decidió procesar por vía ordinaria a la exmandataria interina Jeanine Áñez.
García-Sayán sostuvo que la ahora condena política “tiene derecho a un juicio de responsabilidades”. “Preocupa lo revelado por el expresidente Evo Morales sobre una reunión política entre líderes del gobierno y del partido de Gobierno (MAS), en la que habrían acordado que la señora Áñez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades”, escribió el relator de las Naciones Unidas en una serie de tuits.
Morales, en una entrevista a la radio Kawsachun Coca este domingo, dijo que junto a altos mandos del Gobierno, como el presidente Luis Arce y del Movimiento al Socialismo (MAS) coincidieron que el proceso a Áñez debía ser un «juicio ordinario» y «no juicio de responsabilidades».
Además, Morales afirmó que después del fallo de un tribunal en La Paz que el viernes pasado determinó diez años de reclusión contra la exmandataria interina por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes, «ya no hay debate» de sí le corresponde un juicio de responsabilidades en el Parlamento.
Al respecto, García-Sayán dejó en claro que «tienen derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia» y que esto es algo que está «al margen de cómo surgió su mandato».
El argumento que expuso el Gobierno y el MAS para procesar a Áñez por la vía ordinaria fue que siendo senadora y segunda vicepresidenta del Senado se «autoproclamó» presidenta tras la renuncia de Morales, de su vicepresidente, y de las cabezas de la Cámara Alta y la Cámara Baja, todos en la línea de sucesión, durante la crisis de 2019.
La Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría del Estado consideraron en el juicio que Áñez vulneró los reglamentos y que en realidad debía asumir la Presidencia un legislador del MAS, mientras que la defensa argumentó un vacío de poder.
«Las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional», dijo García-Sayán, quien también se refirió a que la justicia boliviana podría hacer las «correcciones que resulte necesarias» en instancias como la apelación.
l relator de la ONU también señaló que la oficina en Bolivia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos «analiza los aspectos procesales y el seguimiento o no del debido proceso».
Asimismo, García-Sayán cuestionó que al no tener en cuenta el periodo presidencial de Áñez «la justicia ha omitido analizar y pronunciarse sobre hechos graves como los de Sacaba y Senkata».
En ambos casos, calificados como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), perdieron la vida más de una veintena de civiles en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía.
Este proceso está paralizado en el Parlamento ante la falta de consensos entre oficialistas y opositores.
Áñez cumple detención preventiva desde marzo del año pasado acusada de terrorismo, sedición y conspiración en el caso «golpe de Estado I», del que luego derivó el proceso «golpe de Estado II», de cuya sentencia se dará lectura íntegra este miércoles en una audiencia virtual.
