BRUSELAS.- Al menos 36 países, incluidos los 28 miembros de la Unión Europea, firmaron una declaración que condena el historial de derechos humanos de Arabia Saudita en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).

La declaración conjunta, leída en voz alta por Harald Aspelund, embajador de Islandia en las conversaciones de Ginebra, es la primera reprimenda al reino por parte del foro de la ONU desde que se creó en 2006. «Es un éxito para Europa estar unidos en esto», expresó un enviado nacional de la UE a la agencia de noticias Reuters.

La declaración hizo un llamado a las autoridades saudíes para que liberen a las activistas detenidas en el país y cooperen con una investigación dirigida por la ONU sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

«Las circunstancias de la muerte de Khashoggi reafirman la necesidad de proteger a los periodistas y de defender el derecho a la libertad de expresión en todo el mundo», sostiene la declaración, según lo leído por Aspelund. «Las investigaciones sobre el asesinato deben ser independientes y transparentes. Los responsables deben rendir cuentas», continúa.

«Pedimos a Arabia Saudita que tome medidas significativas para garantizar que todos los miembros del público, incluidos los defensores de los derechos humanos y los periodistas, puedan ejercer libre y plenamente sus derechos a las libertades de expresión, opinión y asociación, incluso en línea, sin temor a represalias», sostiene el comunicado.

La declaración sigue a un discurso pronunciado por la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el miércoles en Ginebra, en la que instó a Arabia Saudita a liberar a las 10 activistas presuntamente torturadas mientras están detenidas, luego de que las autoridades las acusaran de «dañar los intereses del país».

Según los activistas, algunas de los detenidas, incluidas aquellas que hicieron campaña por el derecho a conducir, han sido sometidas a descargas eléctricas, flagelación, agresión sexual y otras formas de tortura. La semana pasada, el fiscal adjunto de Arabia Saudita dijo al periódico de propiedad saudí Alsharq Alawsat que los informes eran «falsos» y que su oficina había investigado al respecto sin encontrar pruebas.