CIUDAD DE GUATEMALA.— El Ministerio Público de Guatemala fue acusado de llevar a cabo un «intento de golpe de Estado» contra el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, con el propósito de evitar su investidura programada para el 14 de enero.

Esto se dio a conocer durante una conferencia dirigida por el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, quien está bajo sanción por corrupción por parte de Estados Unidos.

En dicha conferencia, se presentaron presuntos casos penales contra Arévalo de León y el Tribunal Supremo Electoral. Se argumentó la necesidad de invalidar los resultados de las elecciones generales del pasado junio y el balotaje de agosto, donde Arévalo de León ganó con el 58% de los votos. Se alegó que se deberían anular las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y al Parlamento Centroamericano.

El Ministerio Público señaló irregularidades en las actas electorales utilizadas, sosteniendo que no coincidían con las aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral, declarando las votaciones como «nulas de pleno derecho».

Sin embargo, figuras como la diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Reyes Zeceña, desestimaron la autoridad del Ministerio Público para declarar nulas las elecciones. Además, se acusó a Arévalo de León de supuestas irregularidades en la formación de su partido en 2018 y de un presunto caso de lavado de dinero.

El Tribunal Supremo Electoral reafirmó la victoria de Arévalo de León y la legitimidad de los resultados electorales. No obstante, la presidenta del tribunal, Blanca Alfaro, mencionó la posibilidad de una decisión diferente por parte de la Corte de la Constitucionalidad, lo que podría invalidar su veredicto.

La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este intento de golpe de Estado, expresando su preocupación. A pesar de ello, según la ley guatemalteca, Arévalo de León debe ser investido el 14 de enero para un mandato de cuatro años, aunque persiste la incertidumbre sobre la situación política y legal que rodea esta investidura.