BRASILIA.— El Senado de Brasil aprobó el miércoles, por amplia mayoría, el incremento del gasto social planteado por el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, en un proyecto que ahora será analizado por la Cámara de Diputados.
El aval del pleno del Senado es una primera e importante victoria para Lula, que asumirá la Presidencia de Brasil el 1 de enero, tras ganar las elecciones de octubre al actual gobernante, Jair Bolsonaro.
A PEC da Transição foi aprovada no Senado, em 1º turno, com 64 votos a favor. @gcamarotti analisa o significado para o governo Lula: “Uma demonstração de força bem maior do que se imaginava inicialmente”.
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— GloboNews (@GloboNews) December 8, 2022
La Cámara alta respaldó, en dos votaciones, el texto que aumenta el techo de gasto del presupuesto de 2023 y 2024 para financiar un vasto programa de subsidios a los más pobres y mantener su valor en 600 reales (115 dólares) mensuales a partir de enero, una de las principales promesas de campaña de Lula.
En la primera votación la propuesta recibió 64 votos a favor y 16 en contra, un resultado similar al obtenido en la segunda (64-13).
Para costear el plan, los senadores apoyaron elevar el techo de gasto, cuyo aumento está limitado por ley a la inflación, en 145.000 millones de reales (unos 28.000 millones de dólares) para así abrir espacio en el presupuesto y garantizar el costeo de los subsidios.
El impacto fiscal de la medida ha despertado temores en el mercado financiero ante el riesgo de un deterioro aún mayor de las maltrechas cuentas públicas de Brasil.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente saliente Jair Bolsonaro, advirtió de que el texto «genera incertidumbre» y provocará «una fuga de inversores» y más inflación, y derivará en un aumento «abrupto» de los tipos de interés, hoy en el 13,75 % anual.
No obstante, el plan aprobado en el pleno del Senado es inferior a lo que pretendía inicialmente el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.
El texto original fue rebajado el martes por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara alta, que lo recortó en 30.000 millones de reales (5.770 millones de dólares), un 17 % menos de lo planteado por los aliados de Lula.
También limitó su vigencia a dos años (2023 y 2024), frente a los cuatro años que pedía el equipo de transición del mandatario electo
